Paraguay ha demostrado que, cuando hay voluntad, puede avanzar. Y es justo reconocerlo.
Este gobierno nos ha dado testimonio de decisiones importantes: La valiente decisión de tomar el control de las penitenciarías, la promulgación de leyes que modernizan la promoción de inversiones y de maquila, la unificación de la vigilancia alimentaria y sanitaria en DINAVISA, la ley de ensamblaje y desarrollo de bienes de alta tecnología, la creación de la DNIT, del Registro Único Nacional (RUN), la defensa de la producción nacional, firma del acuerdo de libre comercio con la UE, la promulgación de la ley de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, entre otros. Estos logros existen.Y los reconocemos.
Pero esa misma realidad, convive hoy con problemas estructurales que siguen sin resolverse, que se repiten y que terminan afectando a la gente, a las empresas y al desarrollo del país.
¡Y es desde esa realidad! no desde la teoría!! que hoy queremos hablar.
El prebendarismo galopante, y las heladas aguas del cálculo egoísta, nos privaron una vez más del derecho a la igualdad y del saneamiento del presupuesto público. Expresamos nuestra decepción, contra el parche legal, que, con tibieza, dilata la solución del déficit de la caja fiscal.
Lastimosamente, por un populista criterio parlamentario, hemos perdido la oportunidad de iniciar el proceso de reforma de la caja fiscal, y la consecuente, modernización institucional del Estado.
El sistema de pensiones de los servidores públicos, seguirá siendo una burbuja de privilegios injustos, violando el principio constitucional de igualdad ante la ley, y discriminando a la gran mayoría, en comparación con los trabajadores del sector privado, y por, sobre todo, frente a la gran masa de trabajadores informales cuentapropistas, que carecen de jubilación y de cobertura médica.
Un sistema de jubilaciones y pensiones, igualitario, y libre de contradicciones internas, no puede, ni debe articularse, a partir de la lógica estamentaria que establece criterios diferenciados de capitalización, retiro, y autofinanciamiento.
De hecho, la caja parlamentaria debería someterse a los mismos criterios que todo el sistema jubilatorio público.
El Paraguay moderno, solidario y democrático, debe superar la contradicción de que, en nombre del reclutamiento y de la lealtad política, se continúe beneficiando a una clase privilegiada, con el esfuerzo tributario de los paraguayos, clientela funcional a la política populista.
Es inaceptable, que varios senadores, priorizando el calendario electoral, no entiendan, que la política es la lucha por el bien común, y no, la acción que facilita el privilegio y el acomodo, para beneficio personal, acosta del sacrificio de la ciudadanía, y contradiciendo postulados constitucionales.
El razonamiento inmediatista y electoralista, solo sirve para acomodar intereses mezquinos, de quienes se ufanan de representar al pueblo, sin asumir el verdadero y necesario rol de la política en un sistema democrático.
La degradación institucional se enseñorea cuando sectores del Estado, particularmente en los ámbitos parlamentario y judicial, utilizan fueros, para encubrir situaciones irregulares, que subordinan a la Justicia, la ley y el interés general, como, por ejemplo, el escandaloso proceso, de público conocimiento, que deja impune una investigación de título falso de, nada más y nada menos, un representante electo del senado.
¡Esto es absolutamente intolerable!
¡La corrupción ya no se oculta, es visible y ofensiva!!
Se expresa en contrastes, que la ciudadanía percibe con claridad.
Mientras se exhiben privilegios desde espacios de poder, miles de paraguayos enfrentan un sistema de salud que no responde, y que los obliga a cubrir de su propio bolsillo lo que debería estar garantizado.
En el Paraguay actual, no debe haber espacio, ni legitimidad, para abusos ni usufructo de privilegios
El cargo, la prebenda, el nepotismo y la podredumbre moral, no deben seguir siendo pretexto, para mantener la complicidad política, postergar otras reformas necesarias, e invocar la necesidad de incrementar aún más los ingresos tributarios.
Extirpemos, la costumbre y la idea, de que el sector privado financie los desbordes financieros y administrativos, de la clase política.
¡No responde a un criterio de justicia!, que se carguen en los hombros del trabajador, del productor o de la ciudadanía, aumentos en la carga tributaria, mientras no se materializa la eficiencia del gasto público. El problema no está en quienes ya cumplen, radica en la intensificación de la lucha contra la economía informal.
¡El camino, es ampliar la base, no asfixiar a los que sostienen el sistema!
El impuesto, es y debe ser concebido, como el precio que se paga por el progreso, pero desde ningún punto de vista, debe destinarse al despilfarro o a festines populistas, y, sobre todo, cuando hacen prevalecer el
criterio de extraer recursos del sector privado, para que se pierdan en el laberinto de las esferas estatales
¿Queremos construir futuro, y transitar hacia el verdadero desarrollo?, invirtamos en educación, salud e infraestructura, honrando los principios del Estado de Derecho y la economía de mercado, los cuales, demandan eficiencia, y transparencia del gasto. La congruencia, y disciplina entre ingresos y gastos, es condición ineludible para la estabilidad económica.
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