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CODEHUPY: Carta abierta a los Tres Poderes del Estado: En nombre de un Pacto Social Roto

 

Nos dirigimos a Uds. como ciudadanía indignada, cansada y hastiada de ver morir impunemente a la población, para decirles cuanto sigue;

Hoy debería pesar sobre sus conciencias las más de 4000 personas fallecidas y el grito de cada familiar que ha perdido a uno o varios de sus seres queridos. Uds. con su acción cómplice o su inacción deliberada han permitido que esta situación se convierta en un duelo social sin precedentes. Hoy el COVID, está a punto de convertirse en la segunda causa de muerte en nuestro país, y probablemente, de no remediarlo, en primera causa antes de que termine el 2021.

Es criminal que hayan sido cómplices, por acción y omisión, del enriquecimiento de grupos e intereses privados, permitiendo la especulación de precios, la escasez deliberada y la corrupción que hoy afecta al acceso a insumos y medicamentos hospitalarios, obligando a las familias a malvender sus pertenencias, a realizar polladas y a endeudarse, con tal de brindarle la atención médica que debería proveer el Estado de manera gratuita, según dictan las leyes en nuestro país.

Es un insulto que el acceso a los medicamentos COVID en los hospitales públicos se haya tercerizado a instituciones mediadoras, DIBEN y la Pastoral social por la vía de la beneficencia, agregando una peregrinación burocrática innecesaria a la tragedia que viven las familias por la falta de acceso a los medicamentos.

Es una negligencia criminal haber permitido que los trabajadores y trabajadoras de salud, se hayan enfrentado a esta pandemia en condiciones laborales de extrema precariedad, con salarios desiguales, sin equipos de protección suficientes, sin los medicamentos e insumos para atender a una población enferma. Algunos trabajadores y trabajadoras ya han fallecido, otros pelean por nuestra salud llegando a niveles de estrés y agotamiento absolutamente insanos para ellos y sus familias.

Es vergonzoso que el Estado haya asumido una actitud mendicante ante las vacunas, teniendo los recursos necesarios para su adquisición, presentándose a intereses comerciales de otros países en contra de las necesidades de su propia población. Al día de hoy, no tenemos certeza de las fechas, la cantidad de vacunas, ni de la estrategia para garantizar la inmunización masiva.

Esta crisis sanitaria visible hoy por el COVID, es una muestra más, del desmantelamiento del sistema público de salud, sistemáticamente desfinanciado, fragmentado y fragilizado por décadas, cuyo propósito fue legitimar reformas sanitarias que profundicen la privatización de la salud.

Resulta insostenible para la vida seguir promoviendo políticas sociales de migajas, que lejos de constituirse en mecanismos de redistribución de la riqueza, perpetúan la expoliación de los bienes públicos, el prebendarismo y el clientelismo que han desamparado y humillado históricamente a la mayoría de la población.

Por tanto, ante la vulneración del Derecho a la vida y a la salud de quienes habitan el Paraguay exigimos que;

El Estado declare bien público todos los insumos y medicamentos sobrantes al sector privado, pagándolos a precios no especulativos, necesarios para el tratamiento de COVID, y los ponga a disposición de la red de servicios del sistema de salud pública sin mediación de otras instituciones para el acceso de las personas afectadas por la enfermedad.
Se cree urgentemente una ley de regulación de precios de insumos y medicamentos COVID, con mecanismos de control y sanción inmediata que eviten la especulación del mercado mayorista y minorista.
Crear un comité de crisis sanitaria, que otorgue al MSPYBS, bajo veeduría ciudadana, el control y gestión de todos los servicios sanitarios disponibles en el sistema de salud, según lo que establece el código sanitario en su artículo 13 "en casos de epidemias o catástrofes, el poder ejecutivo está facultado a declarar en estado de emergencia sanitaria la totalidad o parte afectada del territorio nacional, determinando su carácter y estableciendo las medidas procedentes, pudiendo exigir acciones específicas extraordinarias a las instituciones públicas y privadas, así como a la población en general.
Destinar presupuesto público a la contratación de trabajadores y trabajadoras de la salud, incluyendo al personal de limpieza, de manera a responder a las necesidades de la población y paliar las condiciones de agotamiento en las que este personal está desarrollando su trabajo.
Agilizar la adquisición soberana y con urgencia de las vacunas COVID, tanto de los organismos internacionales como de los países que la producen, bajo estrictos criterios de calidad, cantidad y precio.
Por lo anterior, desde las organizaciones sociales que suscriben, nos unimos al clamor social de miles de familias que lloran a sus enfermos y muertos, desde el hartazgo de que nuestras vidas dependan de un Estado indolente, para decirles que Uds. han roto el Pacto Social, y exigimos a los 3 poderes que activen sus liderazgos en virtud de lo que establecen la Constitución y las leyes para garantizar la vida y la salud de la población por encima de cualquier otro interés.

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